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Funcionarios denunciados en Entre Ríos
Nombre: Víctor Prigioni.
Cargo: director general de Información Pública de Entre Ríos.
Fecha de la denuncia: 2 de agosto de 2005.
Motivo de la denuncia: negativa a informar sobre la distribución de la publicidad oficial durante el primer semestre de 2005. Se amparó en una resolución que había firmado en diciembre de 2004 y que dispuso el “carácter reservado” a esa información.
Qué sucedió después: la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen señalando que el decreto 1.169/05 promueve el acceso a la información y que el secreto es la excepción. También sugirió el dictado de una resolución fundada que habilitara al peticionante a reclamar la información por vía administrativa. Tras un pedio de pronto despacho, Prigioni ratificó su postura, por lo que el peticionante promovió un amparo que tuvo un fallo favorable en noviembre de 2005.
Nombre: Graciela Pimentel.
Cargo: directora general del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación de Entre Ríos.
Fecha de la denuncia: 28 de octubre de 2005.
Motivo de la denuncia: respuesta insatisfactoria. Omitió brindar copia de los recibos de sueldo del gobernador Jorge Busti, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2005. Así impidió comprobar la reducción de haberes solicitada por el mandatario para restituir el valor de la mercadería que se echó a perder en galpones del Ministerio de Salud y Acción Social debido a un almacenamiento inadecuado.
Qué sucedió después: la Oficina Anticorrupción emitió el dictamen 053/05, fechado el 24 de noviembre de 2005. Consideró que la respuesta de Pimentel fue “satisfactoria”, puesto que “la documentación y el texto de la respuesta demuestran sin lugar a dudas que el descuento efectivamente se realizó”. Sostuvo que se trató de una respuesta “completa” debido a que “la constancia documental agregada a fojas 6 del expediente es copia de la certificación realizada por una funcionaria pública que resulta corroborada por las demás constancias agregadas a la respuesta, que tiene carácter de instrumento público y para dudar de dicha manifestación se requeriría de una acción de redargución de falsedad, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que acarrearía para un funcionario informar de un descuento de dinero y de un depósito que no fueron hechos”.
La asesora legal de la OA, Gisela Schumacher, opinó que previo a emitir una opinión definitiva “sería conveniente hacer conocer la denuncia a la funcionaria para que efectúe su descargo en el término de 5 (cinco) días o se pronuncie sobre la que estima conveniente respecto de la omisión de entregar copia de los recibos de sueldo”.
Pimentel respondió que entregar copia de los recibos de sueldo “no aportaría elementos relevantes al objeto solicitado”. Expresó que, de lo contrario, se revelarían datos sensibles y sugirió que sólo lo haría de contar con autorización del gobernador Jorge Busti.
La OA sugirió que Pimentel “debería dictar el pertinente acto administrativo denegatorio por los fundamentos que expuso”. No obstante propuso que la directora “evalúe la posibilidad de dar al peticionante copia de los recibos de sueldo debida y previamente ‘testados respecto de toda la información que se considere comprendida dentro de los casos de la Ley 25.326, recomendación que resulta aplicable para cualquier caso similar que se presente”.
Hasta el momento la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación no emitió la resolución administrativa sugerida por la OA.
Nombre: Sergio Urribarri.
Cargo: ministro de Gobierno, Educación. Justicia, Obras y Servicios Públicos de Entre Ríos.
Fecha de la denuncia: 13 de junio de 2006.
Motivo de la denuncia: falta de respuesta a un pedido de información efectuado el 29 de mayo de 2006. Se había requerido información sobre el traslado de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de un acto político en la Plaza de Mayo. Se requirió detalles de la resolución administrativa o decreto con que se autorizó el traslado, los gastos que demandó el viaje, detalle de los viáticos u horas extras abonadas a los músicos, partida presupuestaria utilizada para tal fin y detalle de los vehículos oficiales empleados.
Qué pasó después:Qué pasó después: la Oficina Anticorrupción envió dos oficios al Ministerio. Tras pasar por la Dirección de Despacho y el Servicio Administrativo Contable del Ministerio, el expediente fue enviado a la Jefatura de Policía. El 8 de agosto de 2006, el titular de la fuerza, Héctor Massuh, respondió que “no se realizaron gastos de traslado como tampoco se liquidaron viáticos”. También dijo que no se pagaron horas extra por tratarse de “un concepto ajeno a las remuneraciones del personal policial, conforme a la Ley 5.977”. Massuh reconoció que tampoco se utilizaron fondos de partida presupuestaria alguna dado que los costos que demandó el traslado del personal y los gastos personales de los participantes fueron sufragados por el Partido Justicialista, lo que significara un monto de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) por todo concepto”. El jefe de Policía informó que la Banda de Música viajó en el móvil 425, un colectivo Mercedes Benz adquirido en la anterior gestión del gobernador Jorge Busti.
Nombre: José Gervasio Laporte.
Cargo: secretario Legal y Técnico de la Gobernación de Entre Ríos.
Fecha de la denuncia: 5 de setiembre de 2006.
Motivo de la denuncia: falta de respuesta a un pedido de información pública, según los términos del decreto 1.169/05 GOB, efectuado el 22 de agosto de 2006. Se buscaba conocer si había emitido dictamen respecto del anteproyecto de ley de acceso a la información pública que el Sindicato de Prensa de Entre Ríos entregó el 13 de julio de 2004 al gobernador Jorge Busti.
Qué pasó después: la Oficina Anticorrupción inició el expediente y corrió traslado al funcionario denunciado. Enterado, Laporte envió el 13 de septiembre una respuesta al solicitante. Reconoció haberse equivocado al no percatarse del plazo que establece el decreto 1.169/05 GOB para emitir una respuesta, acostumbrado a los plazos con que cuenta para responder otro tipo de expedientes que llegan a su despacho. Dijo que su intención no era retacear ni ocultar información, ya que no había emitido dictamen respecto del anteproyecto de ley de acceso a la información pública presentado al gobernador Busti. Además, Laporte indicó que tampoco se le pidió la elaboración de un proyecto de ley sobre esa temática.
Para incorporar información a esta sección, escriba a denuncias@accesolibre.org
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