Lunes, 18 de Diciembre de 2017
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El hecho no fue informado por el Ejecutivo entrerriano
El gobernador Busti propuso a un asesor al que la Cancillería dejó sin funciones
Se trata de Juan Carlos Vega, quien tiene contrato con el Ejecutivo hasta el 31 de diciembre. La medida se conoció a través del Boletín Oficial de la Nación. Sin embargo no se explicaron las razones de su alejamiento.
Cuando el gobierno nacional decidió acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para dirimir su diferendo con Uruguay por la instalación de dos pasteras en la localidad de Fray Bentos, la medida fue celebrada por el Ejecutivo entrerriano. No sólo por compartir el planteo, sino porque aseguró su participación en la comisión que delineó la estrategia jurídica desde la Cancillería.

Uno de los representantes por Entre Ríos fue Juan Carlos Vega, quien desde enero pasado asesora al gobernador Jorge Busti en este tema, como ya informara accesolibre.org. El otro lugar fue asignado a la fiscal de Estado, Claudia Mizawak,

Pero así como el Gobierno entrerriano difundió por todos los medios a su alcance ese hecho, nada dijo sobre una medida adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana.

Se trata de la resolución 1.773, fechada el 23 de agosto pasado, por la que Taiana dispuso "el cese de funciones del Dr. Juan Carlos Vega como Experto ad honorem que asesora a los Agentes que representan a la República ante la Corte Internacional de Justicia".

La decisión del canciller, en uso de las facultades que le confirió el decreto 520706, fue publicada el 4 de septiembre pasado en el Boletín Oficial de la Nación y no sólo puede consultarse a través de su página web. También se la puede obtener, como hizo inicialmente este portal, a través de infoleg.gov.ar, el sitio de legislación del Ministerio de Economía de la Nación.

Sin embargo, en los considerando del decreto 1.173 no hay detalles que expliquen cuáles fueron los motivos por los que se decidió el alejamiento de Vega. Sólo referencias al mencionado decreto 520 y a dos resoluciones vinculadas con el nombramiento de los expertos que representan al país ante la Corte Internacional de Justicia.

Vega percibe mensualmente 4.500 pesos en concepto de honorarios por asesorar al gobernador Busti. También acordó en su contrato el pago de otros 400 pesos por gastos de telefonía.

Además, el presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos (SADH), una ONG con sede en Córdoba, tiene autorización para percibir viáticos como ministro secretario de Estado. De esa forma, por ejemplo, solventó su viaje a las audiencias celebradas en Holanda, donde tiene su sede la Corte Internacional de Justicia.
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