Viernes, 23 de Junio de 2017
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La ambientalista participó de audiencias en la Corte de La Haya
Se utilizaron fondos públicos para solventar el traslado y la estadía de Picolotti en Holanda
Lo dispuso el gobernador Busti a través de un decreto firmado en mayo pasado. La actual funcionaria nacional viajó en carácter de colaboradora ad honorem junto a dos funcionarias entrerrianas.
El Poder Ejecutivo de Entre Ríos asignó 13.800 pesos "para la atención de gastos de traslado, movilidad e imprevistos" de Romina Picolotti (foto), quien entre el 4 y 10 junio pasados estuvo en Holanda a raíz de las audiencias celebradas en la Corte Internacional de La Haya con motivo de la controversia generada con Uruguay por la instalación de dos plantas de producción de celulosa en Fray Bentos.

La medida fue dispuesta por el gobernador Jorge Busti a través del decreto 2.818, fechado el 29 de mayo pasado. Y a través de ese documento el mandatario impuso una obligación a la entonces directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA): la debida rendición de los gastos, conforme quedó establecido en el artículo tercero de esa norma.

El decreto formó parte de la respuesta que Busti brindó la semana pasada a un pedido formulado por el editor responsable de accesolibre.org, La consulta, según los términos del decreto 1.169/05 GOB -que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Ejecutivo entrerriano-.ingresó por Mesa de Entradas de la Gobernación el 3 de octubre pasado.

La intención era "acceder a una copia del expediente iniciado para designar la delegación oficial que representó a la provincia de Entre Ríos durante las audiencias celebradas en junio pasado en la Corte Internacional de La Haya".

También se le requirió a Busti una "copia del expediente originado a raíz de la rendición de los gastos del citado viaje a Europa". Pero esa documentación no fue suministrada, ya que lo único que se informó fue su número, el 688.854/06, a lo que agregó cuatro decretos, incluido el que reconoce el pago a Picolotti.

Sin embargo lo más saliente de ese decreto fue que Busti reconoció por primera vez a Picolotti como asesora ad honorem del Poder Ejecutivo entrerriano. Algo que había negado en febrero pasado, cuando se le formuló un pedido de información según los términos del decreto 1.169/05 GOB.

De esa forma la actual secretaria de Ambiente de la Nación se convirtió en la octava persona en prestar asesoramiento a Busti. Hasta ahora, según admitió el propio gobernador el 13 de octubre pasado ante una consulta de accesolibre.org, la lista estaba compuesta por dos asesores ad honorem –Carlos Vairetti y Jorge Salomón- y otros cinco rentados: Juan Puchulu (Difusión), Jorge Medel (Seguridad), Marta Zamarripa (Cultura), Rodolfo Ciuffo Cortese (Políticas penitenciarias y derechos humanos), y Juan Carlos Vega (Derecho público internacional)

Picolotti viajó a Holanda como parte de la delegación argentina e integró una comitiva que representó a Entre Ríos y que se compuso por otras tres personas: la fiscal de Estado, Claudia Mizawak; el asesor jurídico del Ejecutivo en este tema, Juan Carlos Vega; y la subdirectora de Información Pública, María Elba Mercado.

De todos modos, no fue la primera vez que partió al extranjero en representación de la provincia de Entre Ríos. En septiembre de 2005 acompañó a Busti y a su vicegobernador, Pedro Guastavino, en las audiencias que mantuvieron en el Banco Mundial y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante las cuales ofició de traductora.

La intención fue generar consenso internacional para impedir el financiamiento y la continuidad de las obras en Fray Bentos. Algo que hasta ahora no han logrado.
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