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El peticionante contó con asesoramiento de accesolibre.org
Fue necesaria una denuncia para que la Cancillería argentina informara sobre el pago de una asignación a un ex arzobispo
Se trata del beneficio que percibe Edgardo Storni, quien renunció a su cargo tras una denuncia penal. La información fue requerida en octubre pasado según los términos del decreto 1.172/03, pero la respuesta llegó seis meses después.
A través de la Resolución 225, fechada el 27 de diciembre de 2002, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC) otorgó el beneficio de una asignación mensual vitalicia a Edgardo Storni (foto). Desde entonces el ex arzobispo de Santa Fe dispone cada 30 días de 5.000 pesos, el equivalente al 70 por ciento de la remuneración que percibe un juez federal de primera instancia.

El pago, según lo establecido a través del documento oficial, fue dispuesto retroactivo a octubre de 2002, cuando el Papa Juan Pablo II aceptó la renuncia de Storni, quien había sido denunciado penalmente por acoso sexual a ex seminaristas.

Así consta en la respuesta que la Cancillería argentina brindó a Horacio Brignone, un vecino de la localidad santafesina de María Juana, quien para realizar su consulta invocó el decreto 1.172/03, que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

La contestación brindada por el MRECIC está fechada el 17 de abril de 2007 y llegó al domicilio del peticionante seis días más tarde. Es decir que el Correo Argentino entregó la carta certificada seis meses después de haberse efectuado la consulta a Cancillería.

Es que tras recibir asesoramiento de accesolibre.org, Brignone presentó su pedido de información pública el 6 de octubre de 2006. Su solicitud quedó registrada con el número 11.098, pero cumplido el plazo de 10 días hábiles que establece el decreto 1.172/03 para otorgar la respuesta oficial, el peticionante no obtuvo contestación.

Brignone tampoco recibió por escrito pedido de prórroga alguno, por lo que el 28 de octubre del año pasado reiteró su pedido de información a la Cancillería. De esa forma ratificó ante Gustavo Solino, responsable de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, que su interés era obtener una respuesta por parte del Estado.

Vencido el plazo que marca el decreto 1.172/03 y ante la falta de una notificación de prórroga por parte de la Cancillería, Brignone formuló la denuncia ante la Oficina Anticorrupción de la Nación el 20 de noviembre del año pasado, la que quedó registrada como "actuación SISA Nº 7946".

Así lo confirmó el funcionario Leopoldo Giupponi, quien le indicó a Brignone: "Junto con los antecedentes recibidos anteriormente, se dará curso a un expediente a fin de averiguar lo sucedido con su solicitud y procurando que usted obtenga una respuesta del área competente en los términos del Decreto 1172/03".

Los antecedentes del caso

La asignación a Storni fue dispuesta el 27 de diciembre de 2002 por el ex secretario de Culto, Esteban Caselli. Según consta en la Resolución 225/02 del MRECIC, la medida fue dispuesta en el marco del Expediente 42.869/02, iniciado a partir de una nota elevada por el ex arzobispo de Santa Fe, a través de la cual solicitó "el otorgamiento previsto por la Ley 21.540".

Esa norma fue impulsada por el dictador Jorge Rafael Videla el 25 de febrero de 1977 y publicada en el Boletín Oficial el 3 de marzo de ese año. Así se dispuso la Asignación Mensual Vitalicia para Dignatarios del Culto Católico Apostólico Romano.

Aunque fue derogada parcialmente, su vigencia fue restablecida a través de la Ley 24.019, sancionada el 13 de noviembre de 1991 y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 18 de diciembre de ese año.

De acuerdo a lo dispuesto por Caselli, quien antes se había desempeñado como embajador argentino ante el Vaticano, "en el expediente surge que el recurrente (por Storni) ha acreditado los extremos previstos por la norma legal mencionada precedentemente", en referencia a la Ley 24.019.

Para acceder a la asignación vitalicia los dignatarios católicos deben acreditar 75 años o incapacidad para ejercer el cargo. Causal a la que el Papa Juan Pablo II aludió indirectamente cuando aceptó la renuncia de Storni como arzobispo de Santa Fe.

El entonces Pontífice invocó el Canon 401 del Código Canónico, que en su segundo inciso señala textualmente: "Se ruega encarecidamente al Obispo Diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave queda disminuida su capacidad para desempeñarla".

En su respuesta a Brignone, la Cancillería no hizo una referencia explícita al tema. Pero entre los documentos que le envió –y que se pueden consultar como archivo adjunto a este artículo- incluyó ese texto, que incluso está subrayado y con una marca al costado. Todo debajo del sello de la Secretaría de Culto de la Nación.

Caselli, para justificar el pago de la asignación vitalicia a Storni, precisó en la Resolución 225/02 que "la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº 617, de fecha 17 de abril de 2002".

De esa forma se autorizó a "la Dirección General de Administración (de la Cancillería) a la liquidación y pago de la asignación dispuesta en el artículo 1º". El ex funcionario también dispuso que "los gastos que demande el cumplimiento de la presente Resolución serán imputados a las partidas específicas para el ejercicio en vigencia y siguientes".

Paraná, 8 de mayo de 2007.
Archivo adjunto: Respuesta de Cancillería
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