Jueves, 24 de Abril de 2014
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Consulta sobre antecedentes académicos de una docente
El Consejo de Educación de Entre Ríos omitió fundamentar por qué se negó a responder un pedido de información pública
Desde el organismo se dijo que la consulta estaba referida a datos personales, Y con un párrafo dio por terminado el trámite. Aunque invocó el decreto 1.169/05 GOB, la dependencia pública no tuvo en cuenta lo que dice uno de sus artículos.
Cuatro líneas le bastaron al Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) para desestimar un pedido de información pública formulado por una docente. Es que según el organismo presidido por Jorge Kerz (foto), existe un impedimento para dar respuesta a esa requisitoria.

Todo comenzó el 27 de abril pasado, cuando Silvia López presentó ante el CGE una solicitud según los términos del decreto 1.169/05 GOB, que regula el acceso a la información pública. Su pedido fue recibido con las formalidades del caso, a juzgar por dos sellos que figuran en el reverso de su escrito, hecho a mano y en una hoja de cuaderno.

López manifestó su "interés en conocer los antecedentes curriculares y académicos de Mirtha Elena Ramona Barbosa viuda de Zappa, DNI 5.145.490". La peticionante también pidió que se le informe "sobre estudios cursados, establecimientos que hubieran emitido títulos y el número de registro de los mismos para su localización".

El trámite siguió su curso, según consta en el folio 2, en el que aparece una nota escrita en una hoja con membrete del CGE. Se trata de un párrafo firmado por la asesora de Política Educativa de Presidencia del CGE, Silvia Encinas, aunque no aparece referencia a número de expediente alguno.

Bajo el título Ref: Silvia Nora López-Colón-Sol. Información, el escrito dice textualmente: "Se remite a la Supervisión Departamental de Educación Colón, interesando notifique a la Sra Silvia López la imposibilidad de acceder a su petición, en virtud de que si bien el Decreto 1.169/05 garantiza el derecho a la información, los datos solicitados son personales".

La nota está fechada el 2 de mayo último y fue recibida cinco días más tarde en la Dirección Departamental de Colón, que luego notificó a López. Así consta en la Nota M.E.2007, firmada por la supervisora departamental de Educación, María Cristina Kraft, que sirvió para notificar a López sobre la respuesta oficial a su solicitud de información.

La breve respuesta brindada desde el CGE no sólo abrió las puertas a un debate sobre datos personales e información sensible. También dejó al descubierto el incumplimiento a lo establecido en el decreto 1.169/05 GOB.

Es que en su artículo 13º, a través del cual prevé la denegatoria, señala textualmente: "El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar información objeto de la solicitud por acto fundado, si se verifica que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el presente (decreto). La denegatoria debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a director".

La referencia a la respuesta fundada que debe brindar todo funcionario público también figura en el séptimo punto del Instructivo para Funcionarios que la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) distribuyó tras la promulgación del decreto 1.169/05 GOB,

Al aludir a la denegatoria expresa, el instructivo señala que para negar el acceso a información pública debe invocarse alguna de las ocho excepciones previstas en el decreto 1.169/05. Algo que no aparece mencionado en la breve respuesta brindada por el CGE ante el pedido de López.
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