Miércoles, 18 de Octubre de 2017
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Se dio intervención en el caso a la autoridad de aplicación
Advierten que la Cancillería argentina incumplió con el reglamento de acceso a la información pública
Lo señaló la Oficina Anticorrupción de la Nación a través de un dictamen. Fue a raíz de una denuncia por falta de respuesta a un pedido formulado el año pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores omitió responder a una consulta sobre un asesor.
A través de un dictamen de nueve fojas, la Oficina Anticorrupción de la Nación (OA) enumeró los incumplimientos de la Cancillería argentina ante un pedido de información pública relacionado con el desempeño de un asesor.

Advirtió que no respetó los plazos para responder y que planteó una prórroga para hacerlo sin las formalidades del caso y agotado el plazo que marca el decreto 1172/03, que entre otras cosas regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

Además, el documento –que está fechado el 26 de julio último- incluyó sugerencias a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que como autoridad de aplicación del decreto 1.172/03 deberá tomar intervención en el caso.

El pronunciamiento de la OA fue a raíz de una denuncia presentada por Dolores Lavalle Cobo, integrante del Consejo Asesor de accesolibre.org. Su presentación ingresó por Mesa de Entradas de ese organismo el 27 de octubre de 2006.

En su escrito, Lavalle Cobo describió en detalle todo lo que hizo para tratar de conseguir que el Ministerio de Relaciones Exteriores le brindara información relacionada con Juan Carlos Vega.

La consulta obedeció a que Vega se desempeñó como asesor ad honorem de los expertos que defienden la postura argentina ante la Corte Internacional de Justicia, donde se dirime la controversia con Uruguay a raíz de la instalación de plantas de producción de pasta de celulosa.

El titular del Servicio Argentino de Derechos Humanos (SADH), que además es asesor rentado del Poder Ejecutivo de Entre Ríos por el mismo tema, fue desafectado por la Cancillería el 23 de agosto del año pasado. Lo dispuso el canciller Jorge Taiana (foto), a través de la resolución 1.173.

Lavalle Cobo pidió acceso al texto completo de las resoluciones 784/06 y 942/06, con sus respectivas copias, al igual que al expediente "con los antecedentes del Dr. Juan Carlos Vega que ameritaron su nombramiento como experto para el asesoramiento ad honorem a los Agentes que representan a los Agentes que representan a la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia".

Junto con eso, la peticionante exigió "detalle de las tareas efectivamente llevadas a cabo por el Dr. Juan Carlos Vega como asesor, las razones que motivaron su remoción al cargo mencionado", y que le informen si cumple otras funciones en la Cancillería. Lavalle Cobo pidió que, de ser así, le indiquen el área en la que se desempeña y las tareas correspondientes.

El 14 de noviembre pasado, vencido el plazo de 10 días hábiles para responder que establece el decreto 1.172/03, Lavalle Cobo recibió un mensaje desde la Cancillería Fue un correo electrónico enviado por el Responsable de Acceso a la Información, Gustavo Soliño, que en uno de sus párrafos más salientes dijo lo siguiente: "Vamos a hacer uso de la prórroga, y si bien le enviaremos toda la información junta por correo, vamos adelantarle via e-mail la información que vayamos teniendo".

Así consta en la denuncia que formulara ante la OA y también en el dictamen elaborado por Leopoldo Giupponi, uno de los funcionarios de ese organismo. Pero la información jamás llegó al domicilio que Lavalle Cobo fijó para recibir cualquier tipo de notificación, con excepción de una de las resoluciones pedidas que fue remitida por correo electrónico.

La manifestación de Soliño no pasó inadvertida para la OA, al igual que la serie de consultas telefónicas y personales que la peticionante realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es que recién el 21 de marzo último pudo saber que el expediente iniciado con su pedido de información pública había pasado por varias dependencias hasta llegar a la Subsecretaría de Cooperación Internacional.

Además de las dilaciones y respuestas de ocasión brindadas desde la Cancillería, Lavalle Cobo tampoco tuvo suerte cuando pidió vista del expediente, lo que forzó su decisión de denunciar el caso ante la OA.

Tras analizar los antecedentes y la documentación aportada, desde el organismo se estimó pertinente "proponer a la Autoridad de Aplicación que evalúe la conveniencia de formular una recomendación para que la Cancillería revea la actuación en el caso bajo examen y brinde a la denunciante (…) acceso tanto a la Resolución 842/06 como a los demás documentos que faltarían para completar la información originalmente requerida; y otra recomendación para que dicho Ministerio ante futuras solicitudes de información, extreme los recaudos para responder dentro del plazo de DIEZ (10) días de recibidas tales solicitudes, así como para disponer su prórroga por acto fundado cuando mediaren circunstancias excepcionales que le impidieran responder en dicho plazo".
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