Lunes, 18 de Diciembre de 2017
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Una historia que comenzó con una consulta a accesolibre.org
Recibió información oficial sobre el tema y ahora pidió la nulidad de la pensión vitalicia otorgada a un ex obispo argentino
Considera que el ex arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, cobra en forma indebida 7.000 pesos mensuales. Sostiene que la pensión fue otorgada sin acreditarse las causales previstas en la legislación y pide que se denuncie el caso a la Justicia.
La Cancillería argentina recibió un pedido para que se deje sin efecto la asignación mensual vitalicia otorgada en octubre de 2002 al ex arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni (foto), quien renunció a su cargo tras ser denunciado anta la Justicia por presunto abuso sexual a seminaristas.

La presentación fue hecha el 2 de octubre pasado por Horacio Brignone, un vecino de la localidad santafesina de María Juana, quien supo del pago de la pensión a Storni tras invocar el decreto 1.172/03, que regula el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

A través de su escrito, Brignone puso en duda la validez de la Resolución 225 de la Secretaría de Culto de la Nación, que el 27 de diciembre de 2002 dispuso el otorgamiento del beneficio a Storni y estableció su retroactividad a octubre de ese año.

A criterio del peticionante, no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley 24.019/91, que reformó parcialmente el decreto-ley 21.540, a través del cual la dictadura de Jorge Videla creó la Asignación Mensual Vitalicia para Dignatarios del Culto Católico Apostólico Romano.

Esa norma establece que para obtener la pensión, los obispos y vicarios deben acreditar 75 años o incapacidad para ejercer el cargo. Y según Brignone, ninguna de las dos causales se dieron en el caso de Storni.

Mencionó que el ex arzobispo de Santa Fe no tenía la edad requerida al momento de solicitar el beneficio y destacó que no se aplicó la legislación laboral argentina para justificar su incapacidad.

En su presentación ante la Cancillería –que acompaña a este artículo como documento adjunto-, Brignone sostuvo que se invocó el Canon 401 del Código Canónico, que señala: "Se ruega encarecidamente al Obispo Diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave queda disminuida su capacidad para desempeñarla".

Pero también advirtió que en el texto de su renuncia, que se divulgó desde el Vaticano, Storni precisó que renunciaba ante la repercusión social que había generado la denuncia judicial en su contra y no porque creyera necesario dar un paso al costado.

Todo eso llevó a Brignone a solicitar a la Cancillería no sólo la nulidad de la Resolución 225 de la Secretaría de Culto. También pidió que se dé intervención a la Justicia para reclamarle a Storni, que cobra 7.000 pesos mensuales, la devolución del dinero cobrado hasta ahora.

Un largo camino

Con el asesoramiento de accesolibre.org, Brignone preguntó por el pago a Storni el 6 de octubre del año pasado. Y ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, reiteró su pedido según el procedimiento establecido en el Anexo VIII del decreto 1.172/03, encontrándose otra vez con el silencio oficial.

Eso lo llevó a denunciar el caso ante la Oficina Anticorrupción de la Nación, que intervino ante el incumplimiento del Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional.

La actuación de ese organismo motivó el inicio de un expediente y provocó que Brignone recibiera finalmente una respuesta. Fue el 23 de abril de este año, seis meses después de haber presentado el pedido de acceso a información pública.

Además de la Resolución 225 de la Secretaría de Culto, el peticionante recibió otras cuatro fojas. Entre ellas una copia de una hoja del Código Canónico en el que estaba el Canon 401 y una marca hecha al costado con bolígrafo, como sugiriendo que se trataba de la causal para justificar el pago a Storni.
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