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 Se hizo un nuevo pedido esta semana ante la falta de respuesta |
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| El Poder Judicial de Entre Ríos se niega a informar sobre la existencia de un registro de declaraciones juradas patrimoniales |
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| La petición fue formulada en mayo del año pasado. Desde entonces el pedido de acceso a la información pública está en la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia. Su titular también se negó a responder a otra solicitud en el 2005. |
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(Por Oscar Londero. Paraná, 2 de febrero de 2009).- Vigente desde 1953, la Ley 3.886 estableció en Entre Ríos el régimen de presentación y custodia de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. Pero el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia (foto) se resiste a brindar la lista de magistrados y autoridades que cumplieron con su obligación de informar sobre la conformación de sus patrimonios.
Según la Ley 3.886, la Contaduría General de la provincia debe recepcionar y resguardar las declaraciones juradas patrimoniales de las autoridades y funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y la Contaduría General del STJ, que depende de Carubia, debe hacer otro tanto con las correspondientes al Poder Judicial.
Se trata de información de carácter reservado, que se entrega en un sobre lacrado y que sólo puede abrirse con autorización del funcionario involucrado o por orden de un juez. Siempre y cuando, claro está, lleve adelante una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Pero hay información relacionada con el tema que cualquier ciudadano puede requerir, sin que eso implique infringir la Ley 3.886. Un ejemplo de ello es la nómina de funcionarios cumplidores e incumplidores de los tres poderes del Estado entrerriano.
Así lo confirmó la titular de la Contaduría General de la provincia, Adriana Noé. A través de la Nota 361/08, que representó su formal respuesta a un pedido de acceso a información pública formulada por este portal, la funcionaria brindó la lista de funcionarios y autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo que precisaron cómo están conformados sus patrimonios.
Por si hiciera falta, Noé señaló además que la tarea del organismo a su cargo "no abarca al Poder Judicial". Tras recordar la competencia en el tema impuesta por la Ley 3.886 en su artículo tercero, la funcionaria sugirió orientar hacia Tribunales la búsqueda de la información relacionada con el Poder Judicial.
Esa fue la razón por la que el editor responsable de accesolibre.org presentó una petición el 8 de mayo pasado a través de la Contaduría General del STJ. Lo hizo amparándose "en el derecho de acceso a la información pública, reconocido por los artículos 1, 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
A Carubia se le requirió "el listado de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos que hayan presentado su declaración jurada patrimonial, conforme lo establece la Ley 3.886". Y se le solicitó conocer además "la fecha de cumplimiento de esa obligación en cada caso; detalle de la identificación o clave alfanumérica de los sobres que contienen las respectivas declaraciones juradas; copias de notas enviadas a magistrados o funcionarios incumplidores; y si existiera, nómina de incumplidores a los que se aplica la retención de haberes, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley 3.886".
La solicitud fue derivada al Área de Personal, donde funciona la Mesa de Entradas del STJ, y registrada con la carátula L 5877. Siguiendo las formalidades administrativas, al día siguiente el pedido de información fue puesto a consideración del presidente del STJ, quien debe autorizar a la Contaduría a brindar la documentación solicitada.
Los intentos por obtener una respuesta favorable fueron en vano. Así sucedió el 22 de mayo, el 30 de mayo, el 27 de junio, el 3 de julio y el 11 de julio, antes de que comenzara la feria judicial de invierno.
Terminado el receso la suerte siguió siendo esquiva. Desde la Mesa de Entradas del STJ se dijo el 20 de agosto que el expediente seguía a consideración de Carubia, y otro tanto sucedió el 21 de octubre y el 18 de noviembre pasados.
De nada sirvió haber indicado al pie del pedido de información un domicilio para notificaciones, tres números telefónicos –dos fijos y uno móvil- y una cuenta de correo electrónico. La información requerida jamás llegó durante el 2008.
Tras la última feria judicial se volvió a requerir la misma información. El pedido ingresó hoy, a las 11.50, por la Mesa del Entradas del STJ.
El escrito es similar al de mayo del año pasado e incluye la referencia al artículo 13 de la Constitución de Entre Ríos, que sancionada el 11 de octubre de 2008, reconoce el derecho de acceso a la información pública.
En la nueva petición formulada a Carubia, quien juró respetar la Carta Magna de Entre Ríos, se precisó que a fin de evitar el dispendio "la información requerida sea remitida por vía electrónica o entregada en soporte magnético".
No es la primera vez que el presidente del STJ se resiste a responder a un pedido de acceso a información pública. Idéntica actitud adoptó ante una petición efectuada en noviembre de 2005 desde este portal con la intención de conocer los gastos en concepto de viáticos y/o representación durante el primer semestre de ese año. |
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| Archivo adjunto: Respuesta del STJ |
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