Jueves, 9 de Septiembre de 2010
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Accesolibre.org formuló tres peticiones sobre el tema
Tras dos años sin responder a pedidos de información pública, el STJ de Entre Ríos reveló que su registro de declaraciones juradas está en orden
Lo señaló a través de un comunicado difundido por un blog oficial y explicó que a falta de incumplidores no se aplicaron sanciones. También precisó que trabaja en el diseño de un software para mejorar el control.
(Paraná, 17 de junio de 2010. Por Oscar Londero).- Todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos presentaron en tiempo y forma sus declaraciones juradas patrimoniales. Por eso no se aplicaron las sanciones y retenciones de haberes para los incumplidores que prevé la Ley 3.886, por la que se creó en 1953 el Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la provincia.

La noticia no se conoció como respuesta a los pedidos de acceso a información pública que desde 2008 formuló este portal ante las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Se supo a través de un blog oficial de reciente presentación: http://sic-jusentrerios.blogspot.com

Fue el 3 de junio pasado, durante un acto celebrado en el salón de audiencias del segundo piso del Palacio de Tribunales, en Paraná. En la portada de esa página virtual, bajo el título Declaraciones Juradas Patrimoniales, se reprodujo una comunicación fechada el día anterior por el Servicio de Información y Comunicación del STJ.

En su primer párrafo decía lo siguiente: "Con relación a la obligación legal de presentar declaraciones juradas patrimoniales, conforme lo establece la Ley 3.886, el STJ de Entre Ríos hace saber que con la base de datos actualmente existente no se ha detectado omisión alguna por parte de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia".

Y de inmediato agregaba: "De todos modos, y atento al reiterado requerimiento de precisión y detalle informativo que sobre este particular ha recepcionado el Tribunal, la actual gestión presidencial del Alto Cuerpo encomendó la creación de un nuevo software que ya se encuentra en proceso de estructuración, a fin de poder contar con una base de datos de ágil y oportuno recupero".

La serie de pedidos de información pública a la que se describió como un "reiterado requerimiento de precisión y detalle informativo" comenzó el 8 de mayo de 2008. Ese día, a través de la Contaduría General del Poder Judicial de Entre Ríos ingresó una petición dirigida al entonces presidente del STJ, Daniel Carubia.

La idea fue "acceder al listado de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos que hayan presentado su declaración jurada patrimonial conforme lo establece la Ley 3.886". Además se quiso conocer "la fecha de cumplimiento de esa obligación en cada caso; detalle de la identificación o clave alfanumérica de los sobres que contienen las respectivas declaraciones juradas; copias de notas enviadas a magistrados o funcionarios incumplidores; y si existiera, nómina de incumplidores a los que se aplica retención de haberes, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley 3.886".

Ante la falta de respuesta, el 2 de febrero de 2009 se reiteró el pedido de información. Aunque en esa ocasión también se invocó el artículo 13 de la Constitución de Entre Ríos, que reglamenta el derecho de acceso a la información pública en los tres poderes del Estado, Carubia terminó su mandato en la Presidencia del STJ sin brindar las explicaciones del caso.

Eso motivó una nueva presentación ante Leonor Pañeda, actual presidenta del alto cuerpo. El pedido de información, que reprodujo los términos de los anteriores, ingresó el 1 de febrero pasado por el Área de Personal del STJ, donde funciona la Mesa de Entradas.

Cuatro meses después, mediante el comunicado difundido por el blog oficial, se supo que Pañeda "recomendó a los magistrados y funcionarios de reciente ingreso a la Justicia entrerriana que den a conocer bajo juramento su patrimonio, ajustándose a los plazos legalmente establecidos para su efectivización".

También se conoció que esa declaración constituyó "el primer paso que da el STJ de la provincia de Entre Ríos en la facilitación del acceso a la información judicial pública en materia de las declaraciones de marras, desde su firme decisión republicana de dar cuenta de sus actos de manera transparente".

Y se hizo votos para "poder aportar en breve mayores precisiones al respecto".
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